Oficial Mayor podría ser inhabilitado hasta por 30 años y pagar una multa de 150 mil pesos

  • El Ing. Raúl García Romero, actual Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tecate que fue recientemente suspendido por su supuesta responsabilidad por los cargos de USURPACIÓN DE FUNCIONES, DAÑO AL ERARIO PÚBLICO y DESCONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS, deberá resarcir los daños al erario, suma que sobrepasaría los 150 mil pesos.

De encontrarse responsable por los cargos de USURPACIÓN DE FUNCIONES, DAÑO AL ERARIO PÚBLICO y DESCONOCIMIENTO DE FUNCIONES PÚBLICAS el aún Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tecate Ing. Raúl García Romero podría ser inhabilitado de 10 a 30 años para desempeñar cualquier cargo público. Además deberá resarcir el daño al erario público de Tecate por la Unidad Oficial Jeep Cherokee 2012 en la que el civil Francisco Javier Herrera Díaz, identificado como escolta de la alcaldesa Zulema Adams, se accidentara en el mes de mayo.

La pérdida total de la unidad Jeep Cherokee 2012, asciende a cerca de 100 mil pesos, a esto se le sumarían los cargos y multas, que podrían sobrepasar los 150 mil pesos, cantidad que deberá pagar el aún funcionario público, de encontrarse responsable durante el plazo de los próximos 15 días.

Según las investigaciones García Romero habría recibido órdenes de otros funcionarios cercanos a la alcaldesa Zulema Adams para darle facultad a un civil de conducir un vehículo oficial del Gobierno Municipal, sin embargo la responsabilidad directa cae en este funcionario, al atribuirse durante la investigación, la toma de decisiones de los cargos mencionados.

El Oficial Mayor deberá presentar antes del martes 3 de noviembre la documentación, con pruebas que lo exonere de esta responsabilidad.

Uno de los temas que ha quedado en el limbo, pero que se sabe se encuentra en investigación, es quien o que institución se responsabilizó por los gastos médicos del civil Francisco Javier Herrera Díaz, quien se desenvolviera como supuesto escolta, aunque no se encuentra registrado ante ninguna institución de seguridad o justicia, y no se ha podido encontrar matricula con su nombre en ninguna institución privada de seguridad. Tampoco contaba con permiso para portar arma. Aunque no se tiene registro oficial, se cree que el joven podría haber quedado sin movilidad en las piernas, consecuencia de una severa lesión en la columna vertebral tras el accidente de la unidad Jeep Cherokee que el conducía. Los gastos médicos podrían haber sobrepasado el medio millón de pesos. Aun se investiga si fue pagado por algún tipo de seguro médico o si en su caso fue pagado con recursos públicos del Gobierno Municipal.

Aunque posterior al suceso se consideró que al asunto se le daría carpetazo, por tratarse de funcionarios públicos, la Sindicatura Municipal, representada por el Prof. Gonzalo Higuera, reunió los elementos de investigación para darle seguimiento a esta afectación al erario público.

Entre las investigaciones destacadas de la Sindicatura se encuentra la de la Cuenta Pública 2016, una iniciativa de Revocación de Mandato para la alcaldesa Zulema Adams en el cabildo municipal, y una solicitud de Juicio Político ante el Congreso de Baja California.

Seguiremos informando.

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