Buscan dar incentivos fiscales a quien contrate personas con discapacidad

La Asamblea Legislativa de Baja California avaló por unanimidad exhortar al Poder Ejecutivo federal, así como al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que intensifiquen la promoción entre la comunidad empresario-patronal, de los diversos beneficios fiscales establecidos en la ley para cuando contraten a personas con discapacidad o adecuen sus instalaciones en favor de ese sector, lo cual permita crear una cultura de inclusión laboral que permee toda la sociedad.

Lo anterior, a raíz de un punto de acuerdo presentado por la diputada Loreto Quintero Quintero (PAN), quien argumentó que no son pocos los casos donde los propios empresarios manifiestan que desconocen lo previsto en las leyes.

Dio a conocer que, recientemente, llamó su atención un video que circula en redes donde un joven de nombre Raymundo y que cuenta con una discapacidad, llora de emoción al obtener su primer empleo. “El caso de Raymundo, si bien es muy conmovedor, también pinta una realidad: lo difícil que puede ser para personas con discapacidad de integrarse al mercado laboral. No sólo por motivos de discriminación, sino también de acomodar los espacios físicos para que ellos puedan realizar su trabajo de forma adecuada”, explicó.

Quintero Quintero mencionó que se han tenido grandes avances legislativos en materia de beneficios fiscales para el sector empresarial, como lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual estable que “el patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad, podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al capítulo I del título IV de dicha Ley”.

Asimismo, lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2019, donde se otorgan estímulos fiscales que permiten deducciones de 25 por ciento del salario bruto a quien emplee a personas con discapacidad.

En ese sentido, la diputada panista aseveró que existe una legislación fuerte y vigorosa en la materia, por lo que hizo votos para que la iniciativa privada tome un papel más activo en cuanto a la inclusión laboral, lo cual le permita a dicho sector vulnerable demostrar que puede ser productivo para su país.

“Pero también es verdad que la autoridad debe de tener campañas de promoción con una penetración mayor entre el empresariado y ante la propia comunidad de personas con discapacidad”, puntualizó.

Informó que datos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República de 2018, indican que cada año se suman en México a las más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270, de las cuales, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en 2017, sólo 35 mil personas encontraron un empleo formal.

Por último, expresó que resulta imperativo que los sectores público y privado tengan una alianza permanente a favor de la inclusión no solamente laboral, sino social y cultural, para que la comunidad discapacitada se sienta parte de la sociedad.

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